Iniciativa parlamentaria

Erradicar la explotación sexual y la trata de personas

La diputada nacional Marcela Rodríguez, presentó el pasado 3 de agosto un proyecto de ley para prevenir y reprimir la explotación sexual y la trata de personas, cuya particularidad reside en la incorporación de la figura que penaliza al que “compra una persona para su uso sexual”. Asimismo, la iniciativa crea un programa de prevención y atención de las víctimas.

En el proyecto presentado, Rodríguez propone incorporar un artículo en el Código Penal que reprima con prisión de seis meses a tres años, “al que entregare una suma de dinero, o una cosa apreciable en dinero, por el uso sexual de una persona víctima de trata”. También, en el caso en que mediare “abuso de poder o una situación de vulnerabilidad basada en su edad, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o su expresión, color, etnia, nacionalidad, estado civil, capacidad psicofísica, condición de salud, posición económica o condición social”.

En su argumentación, la legisladora –tras apelar a numerosa jurisprudencia, tratados internacionales, opinión de expertas/os y legislación comparada- subraya que la finalidad de la penalización de la conducta de “comprar a una persona para su uso sexual”, no se basa en una simple concepción punitivista ni constituye una intromisión en la vida privada de las personas, sino que la acción de “comprar” implica un daño para la libertad e integridad sexual de la víctima, así como para su libre determinación, infiriendo que se trata sencillamente “de una forma más de explotación sexual”.

Rodríguez cita a la Relatora Especial sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sigma Huda, quien sostiene que “es extremadamente difícil si no imposible como una cuestión de hecho para los usuarios de prostitución evitar usar prostitutas tratadas, aún si de buena fe ellos intentan hacerlo”. Agrega Huda que la implicancia lógica es que los usuarios de prostitución que deseen asegurarse que no estarán involucrados en el comercio sexual con una víctima de trata “deben desistir del uso de personas prostituidas, porque seguramente si ellos están tan bien intencionados, preferirían renunciar a la experiencia del comercio sexual”.

El proyecto –que fue acompañado por las firmas de las diputadas nacionales María Luisa Storani (UCR), Héctor Recalde (Frente para la Victoria), Mónica Fein,( Partido Socialista), Virginia Linares (GEN), Claudia Rucci, (Peronismo Federal)y Graciela Caselles (Partido Bloquista)-, también propone reprimir con prisión de tres a quince años, “al que sometiere a una persona a explotación y al que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”, siendo así mismo aplicable “en el caso de que el pago del dinero, o la entrega de la cosa apreciable en dinero, sea realizado por una tercera persona”.

En cuanto a los locales donde se lucra con este delito, Rodríguez propone que sea reprimido con prisión de uno a cuatro años “el que establezca, sostenga, administre o regentee, ostensible o encubiertamente, casas, whiskerías, pubs, privados, cabarets, locales o cualquier otro sitio donde se realice, se promueva o se facilite la prostitución ajena”.

En este caso, incluye agravantes para quienes la pena será de tres a seis años y se aplicará la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena.

Despenalización de las víctimas

Por otra parte, el proyecto indica que no es punible “quien cometiere un delito como consecuencia, directa o indirecta”, de ser o haber sido víctima de los delitos antes mencionados, entendiendo que la situación padecida por la persona sometida a explotación sexual “impide una libre determinación de su obrar, así como puede sufrir de diversas formas de coerción o dependencia que resultan absolutamente condicionantes para obstaculizar la libre adopción de decisiones”.

La despenalización incluye cualquier represalia o persecución “por infracciones a leyes de inmigración, o por otras actividades en que participen como consecuencia directa o indirecta de su situación de víctimas de trata o de explotación sexual”.

Un Programa Nacional para las víctimas

En lo que respecta a protección y prevención, Rodríguez propone en su proyecto la creación de un Programa Nacional de Atención a Personas explotadas sexualmente, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre sus objetivos, se señala los de prevenir la explotación sexual, garantizar la protección, acceso a la justicia y asistencia a las personas explotadas; implementar políticas tendientes a su revinculación social y laboral, el acceso a la educación, la salud y el trabajo, así como “sensibilizar a la sociedad sobre el problema de la explotación sexual a fin de promover su condena”, para lo que incluye una serie de medidas que deben adoptar diversos ministerios.

Rodríguez propone incorporar a las personas explotadas sexualmente que lo soliciten a programas que garanticen “un ingreso mensual igual o mayor al salario mínimo vital y móvil”, asegurar su atención en los establecimientos de salud públicos y privados, para ellas y su grupo familiar, así como el acceso a todos los niveles de la educación.

El proyecto también compromete al Estado a que facilite el acceso a una vivienda digna para estas personas, así como al crédito y a planes de vivienda social. De la misma manera, deberá suministrar los recursos económicos necesarios para el regreso a su país de origen de las personas inmigrantes explotadas sexualmente, en el caso de que éstas así lo soliciten.

Asimismo, el Programa deberá asistir la autonomía socioeconómica de las personas explotadas sexualmente y sus familias mediante cursos, capacitación laboral y créditos para la realización de microemprendimientos productivos, y contempla la necesidad de capacitar a equipos, profesionales, operadores del sistema de administración de justicia y otros operadores comunitarios, encargados de brindar la asistencia prevista.

En el campo de la prevención, y más allá de las campañas de sensibilización, el proyecto prescribe la instalación de líneas o teléfonos directos gratuitos para asesoramiento y orientación para posibles víctimas de explotación sexual, así como para canalizar las denuncias anónimas de este tipo de delitos.

Rodríguez advierte que el hecho “que haya personas que pagan por el uso sexual de otras, es lo que provoca la demanda de trata con fines de explotación sexual, que de otra manera, no sería rentable”.