Por CEPRONAT

URGE CERCAR A LOS AGROTÓXICOS

El Centro de Protección a la Naturaleza (CEPRONAT), entidad no gubernamental con más de 30 años de trayectoria en la provincia de Santa Fe, referente de la campaña “Paren de Fumigarnos” y tercero coadyuvante en el Recurso de Amparo ambiental de San Jorge, se dirigió a la redacción del suplemento Campo Litoral con referencia al artículo “Surgen oposiciones a las modificaciones a la ley de fitosanitarios” publicado el 10 de julio pasado por ese madio (1).

En primer lugar, debemos aclarar que no estamos de acuerdo con la redacción vaga y gris de las modificaciones propuestas a la ley 11273, y que ya tiene la media sanción de la Cámara De Diputados de la provincia de Santa Fe, la mal llamada “ley de Fitosanitarios”, aunque coincidimos con el espíritu de las mismas: antes que tener una ley y un reglamento que ni siquiera han sido controladas por el Estado y tampoco respetadas por ingenieros agrónomos, productores o aplicadores, las mismas representan un avance, mínimo por cierto, pero avance al fin. Proteger a las comunidades, manteniendo los venenos a una distancia prudencial y ampliar dicha cobertura a caseríos, establecimientos educativos rurales, deportivos, sanitarios o las márgenes de los cursos de agua representan un logro cuyos efectos se observarán en el corto plazo.

En segundo término, creemos necesario aclarar algunas de las afirmaciones realizadas en dicho artículo:

* el Principio Precautorio, consagrado en la legislación internacional y en nuestra Ley General del Ambiente, establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. El criterio restrictivo con respecto al glifosato se fundamenta por los cuestionamientos realizados al producto y al proceso de aprobación por parte de SENASA; en ese sentido, las críticas al respecto igualando “precaución” y “prohibición” resultan infundadas.

* dicen que la legislación vigente desde 1995 es suficiente para “seguir trabajando”. Sin embargo, la misma fue continuamente soslayada mientras no se tocaran ciertos intereses. Si bien la ley es clara al respecto, jamás fue denunciada y/o penalizada la instalación de depósitos de agroquímicos en pleno centro o el tránsito de “mosquitos” por las calles de los pueblos, lo que constituye una materia pendiente, al igual que una legislación que regule la instalación de silos en plantas urbanas.

* no existen estudios serios sobre las pérdidas a la producción que acarrearía la implementación de la prohibición de fumigar en determinadas zonas, tal cual lo contemplan las modificaciones propuestas a la ley. Al respecto, nuestra institución realizó una aproximación: si se aplicaran los 800 metros propuestos por el Juez Martínez en San Jorge, estimando una pérdida de sólo el 3,9% de la superficie sembrada en el departamento San Martín, por lo que aplicando el nuevo criterio de los 500 metros que contemplan las modificaciones realizadas a la ley 11273, no se superaría el 2,5% de dicha superficie, situación perfectamente asumible por los productores dados los márgenes de ganancia actuales y que puede compensarse con mejores formas de producción, almacenamiento y transporte.

* la normativa y el fallo de San Jorge restringen o prohíben fumigar con aparatos terrestres o aéreos pero permiten otras producciones y la fumigación con otros medios. Nuestros productores –tal como lo han demostrado en numerosas ocasiones- son lo suficientemente inteligentes como para crear y generar formas de producción sustentables y a largo plazo, que permitan un verdadero desarrollo local e independiente, con generación de mano de obra genuina.

Por la extensión y por las expresiones incompletas al respecto, consideramos hacer una síntesis sobre el glifosato y sus formulados comerciales. (Leer aparte "Glifosato")

(1) www.ellitoral. com/index. php/diarios/ 2010/07/10/ laregion/ REG-06.html