DECLARACIÓN DEL ESPACIO JUICIO Y CASTIGO
Los organismos de derechos humanos, querellantes y testigos de los juicios contra los genocidas, organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, estudiantiles y miles de ciudadanos suscribimos esta declaración por la cual repudiamos la liberación de Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz Bessone ( ex Feced) por cometer delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar.
Cabe recordar que se los acusa de privación ilegal de la libertad con violencia, amenazas y tormentos, de homicidio calificado y asociación ilícita calificada a decenas de detenidos y detenidos desaparecidos.
Dicha liberación, otorgada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal es a nuestro entender un despropósito desde todo punto de vista, tanto político como jurídico y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de décadas consagrados con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias, entre ellas la de la corporación judicial.
Despropósito judicial porque la Cámara de Casación otorga este “beneficio” a los torturadores, juzgados por delitos de Lesa Humanidad, como si fueran “delincuentes comunes”. Y porque esta es una de las causas más importantes que se juzgará en Rosario, donde se ventilará el accionar de la patota de Feced, que operó en el centro clandestino de detención más grande de la provincia de Santa Fe ‒uno de los más terribles de los dependientes del Segundo cuerpo de Ejército‒.
La resolución de Casasión tiene el contrasentido de que salvo Díaz Bessone (detenido domiciliariamente) deja a la causa Feced sin detenidos, aunque sí con muchos prófugos.
Esta resolución, tomada a menos de un mes que fueran condenados a prisión perpetua y cárcel común cinco genocidas en la causa Guerrieri, y a menos de dos meses del inicio de este nuevo juicio, constituye una provocación por parte de miembros de la corporación judicial.
Más aun, que el argumento sea que los genocidas tienen este derecho por el tiempo que llevan detenidos sin que se realice el juicio, es un verdadera hipocresía: no es la sociedad, ni las víctimas, ni los querellantes y testigos responsables de esta situación, sino el propio poder judicial que ha permitido, avalado y propiciado que estos juicios se dilaten y no se hayan llevado adelante todavía. ¡Venimos reclamando que estos genocidas fueran juzgados desde hace décadas!
Y hoy con esta resolución los beneficiarios son ellos.
Después de muchos años de que familiares, testigos y querellantes sufrieran amenazas, de que Julio López se convirtiera en el desaparecido 30.001 por ser testigo, y del asesinato a manos de sicarios de Silvia Suppo: liberar a estos genocidas es un decisión que no sólo permite su posible fuga, sino que es un acto de intimidación concreta hacia los testigos y querellantes, permitiendo a estos mercaderes de la muerte operar “libremente”, a contrapelo de lo que venimos exigiendo a los distintos estamentos estatales, que era la investigación en cada intimidación del entorno de los mismos.
La liberación de los imputados genera una sensación de mayor riesgo a los testigos y querellantes que deberán declarar en el proceso, ya que están expuestos a encontrarse en las calles con los denunciados o a ser intimidados por los represores contra quienes, desde el próximo 21 de julio, deberán atestiguar.
En este marco, dejando en claro que obviamente no son responsables de este fallo, no podemos dejar de señalar la actitud del gobierno provincial que en conocimiento de este hecho (los genocidas estaban detenidos en la alcaldía que depende la policía provincial) no haya establecido lo mecanismos para informar y movilizar a las organizaciones de derechos humanos y sociales, a testigos y querellantes (incluso a los que están en el programa de protección a testigos).
Este hecho, como mínimo, es una actitud irresponsable frente a esta grave situación.
Quienes adherimos a esta declaración y que somos parte de la lucha contra la impunidad, estamos dispuestos a pelear contra esta resolución, de la misma manera que lo hemos hecho durante décadas. Una resolución judicial, por más aberrante que sea, no nos detendrá en la lucha por el juicio, castigo, cárcel perpetua y común para todos los genocidas.
Y no nos detendrá en realizar todas las acciones públicas, marchas, actos, movilizaciones que impulsen este objetivo. Porque la memoria sigue y seguirá viva.
Por esto, nos dirigimos en primer lugar a los trabajadores, los estudiantes, intelectuales y a todo el pueblo para repudiar esta liberación, convocándolos a sumarse efectivamente a la lucha por el juicio y castigo.
A cada una de las instituciones, a los poderes ejecutivos nacional y provinciales, a los parlamentos provinciales y nacionales, a los concejos deliberantes, a cada uno de los distintos estamentos, invitamos a repudiar esta decisión.
Y en especial a la Corte Suprema de la Nación, en cuyas manos está la decisión política y jurídica de revertir estas injustas libertades a los genocidas.
Se invita a firmar y suscribir esta declaración escribiendo al correo:
p/APDH ROSARIO (EN EL ESPACIO JUICIO Y CASTIGO))
Norma Ríos - Presidenta de
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
¿y Julio López?
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