SOJA: Desconocimiento del Principio Precautorio

 EL MODELO SOJERO NOS ARRASA

*Recorte del Documento publicado por GRR 
(Grupo de Reflexión Rural)

¿Qué es lo que dice la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial (respecto del Fallo de San Jorge) que ha merecido tantos respaldos y alharaca desde la prensa oficialista?

 La Cámara expresa confirmar el fallo de primera instancia, pero en realidad, a nuestro juicio, lo revoca, aunque sea parcialmente, ya que transforma un fallo permanente en una medida cautelar...o sea provisoria. Admite el recurso interpuesto por la Municipalidad de San Jorge y desestima la acción contra ella por entender y esto es sumamente grave, que no tiene responsabilidad alguna sobre el control de los procedimientos relacionados con las fumigaciones. Hasta ahora, se suponía que el hecho de que los gobiernos provinciales no ejercieran la autoridad de aplicación de una ley de control, no eximía al poder Municipal de sus facultades y obligaciones en el propio territorio.

La Cámara modifica la decisión del Juez y limita la prohibición de fumigar a un exiguo plazo de seis meses, que, coincide casualmente con la época de cosecha y post cosecha en que puede prescindirse de tales fumigaciones.

Entendemos que la Cámara se permite desconocer el principio precautorio admitido por el Juez, a la vez que decide buscar las certezas necesarias, y para ello ordena producir un informe en forma conjunta al Gobierno de la  Provincia de Santa Fe y a la Universidad del Litoral. No por separado, sino en conjunto, como obligando a una probable negociación política del informe, y obligando al Juez a pronunciarse nuevamente a la luz de lo que ese informe arroje, a pesar de ya haberse expedido el mismo en la línea de prohibir las fumigaciones. 
La Cámara, de haber aplicado el principio precautorio, debería haberse pronunciado en el mismo sentido en que lo hiciera el magistrado, prohibiendo las fumigaciones. Por lo contrario,ignora o invisibiliza la aplicación del principio precautorio, y ello es muy grave, porque desde una perspectiva jurídica legal, está privando a los damnificados de un derecho que les es fundamental.

Al Gobierno de Santa Fe, como a la Municipalidad de San Jorge, debió hacérseles asumir su inoperancia y no, ordenar la producción de estudios o informes.

Se ha dicho desde la campaña impulsada por el diario Página 12 y ciertos grupos ambientalistas, que la Cámara confirmó el fallo de primera instancia y que tal pronunciamiento se encuentra firme. Ambas afirmaciones resultan falsas por todas las consideraciones que se han explicado anteriormente. Lo que en verdad subyace, es que se ha generado una nueva oportunidad para los demandados, en especial para el Gobierno de Santa Fe, una nueva oportunidad para sostener su obstinación en no reconocer el impacto negativo que las fumigaciones tienen sobre la salud y los ecosistemas, en el estilo de los informes científicos a los que nos tienen habituados, con simples remisiones y sin estudios serios epidemiológicos.

Sospechamos que en esta maniobra periodística de retorcimiento interpretativo de un fallo judicial, existe una operatoria política que, desde el poder central hace de la provincia de Santa Fe, un laboratorio para experimentar con riesgo ajeno, ciertas prácticas de responsabilidad social empresarial y aplicación de criterios técnicamente más apropiados al sostenimiento del modelo. Recordemos que Santa Fe es una provincia que desde perspectivas político partidarias, no es campo propio del oficialismo, y que, por lo tanto permite ciertos márgenes de maniobra, de hecho lo vienen probando en su acercamiento a las campañas contra las fumigaciones, ciertos/as diputados/as del FPV y otros sectores vinculados al gobierno; cuanto más, cuando las consecuencias de cosa juzgada en relación a la negación del principio precautorio y a eximir a los municipios de responsabilidad sobre el control de uso de agrotóxicos, pueden alcanzar proyecciones a nivel nacional.

Debemos recordar que estamos en presencia de un modelo neocolonial aplicado a nuestro país por las Corporaciones transnacionales,  por los exportadores, y en especial, por una nueva oligarquía basada en el complejo sojero/aceitero, de impactos gravísimos e impunes, y que esos impactos son consecuencias inevitables de un modelo de país que cuenta con el más amplio respaldo del grueso de la dirigencia política.

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